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Friday, May 21, 2021

Transparencia, acceso a información se imponen como normas frágiles en acuerdo ambiental de Escazú

Parque Nacional Marino Ballena, Costa Rica
(2014 foto por RJ Peltz-Steele CC BY-NC-SA 4.0)
(English.) En el Día de la Madre Tierra en abril, entró en vigor un acuerdo internacional clave sobre ambientalismo y sostenibilidad.  El acuerdo es innovador en transparencia, pero enfrenta resistencia en su implementación.

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe se adoptó en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018.  El acuerdo ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, y ratificado por 12, incluidos México y Argentina en enero.  Pero la vitalidad del acuerdo está en duda ya que algunos principales actores, incluidos Chile y Perú, han dejado en suspenso su apoyo.

El acuerdo tiene dos artículos que tratan específicamente del acceso a la información. El artículo 5 se refiere al acceso de los ciudadanos al gobierno, y el artículo 6 se refiere a la difusión afirmativa de información en manos del gobierno.  Según "el principio de máxima publicidad," el artículo 5 establece un sistema de acceso típico a la información que incluye una neutralidad de motivos, el derecho a respuesta en 30 dias, y apelar, reenvío de solicitudes en busca de información, elección de formato, limitación de costos razonables, acceso parcial a información no exenta, y el derecho a una explicación de la denegación por escrito.

La denegación de acceso debe basarse en razones establecidas en la ley de antemano y debe interpretarse estrictamente con la carga de la prueba en el gobierno. Cuando la ley no dispone lo contrario, se permite la denegación solo por riesgo para la vida o la seguridad, seguridad nacional, protección del medio ambiente o una probable amenaza de daño sustancial a las fuerzas del orden. Los supuestos intereses públicos en la denegación del acceso deben sopesarse con los beneficios públicos en la divulgación "sobre la base de elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad."  El artículo 5 también demanda la creación de un organismo de supervisión independiente.

Si el artículo 5 detalla una medida bienvenida de transparencia ambiental, ninguno es radical.  El gobierno de México reconoció que las obligaciones de transparencia eran consistentes con la ley nacional de libertad de información. Las obligaciones afirmativas del artículo 6 son más rigurosas.

El artículo 6 requiere que las autoridades públicas "generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta información y alienten la desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y local."

Una lista de información requerida para estar disponible públicamente incluye zonas contaminadas, "fuentes relativas a cambio climático," y "residuos por tipo y, cuando sea posible, desagregado por volumen, localización y año."  Además, las autoridades deben establecer "un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo," y, "en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, ... divulgar[ar] de forma inmediata y por los medios más efectivos toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños."

Sin embargo, a pesar de todas esas expectativas, el verdadero escollo político podría encontrarse al final del artículo 6.  El problema surge cuando el estado va a morder la mano que lo alimenta.  El artículo 6 insta a las partes del acuerdo a promover la transparencia ambiental en la contratación pública.  Y los dos últimos párrafos del artículo 6 establecen:

Cada Parte adoptará las medidas necesarias, a través de marcos legales y administrativos, entre otros, para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente.

Cada Parte incentivará, de acuerdo con sus capacidades, la elaboración de informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, en particular de grandes empresas, que reflejen su desempeño social y ambiental.

Si bien México consideró que el acuerdo es compatible con la ley de transparencia, según un comentario del bufete de abogados internacional Garrigues, con sede en Madrid, Perú se resiste al acuerdo específicamente porque su ley de transparencia ya funciona.  Perú también lamentó "pérdida de soberanía del Estado ... en el manejo de sus recursos naturales," si la ejecución puede ser sometida a la Corte Internacional de Justicia. Además, Garrigues explicó:

[T]ambién se sostuvo que el Acuerdo de Escazú representaría un peligro para los derechos adquiridos a través de concesiones, contratos, convenios o autorizaciones otorgadas, así como a la propiedad privada, en tanto se dispone el acceso a la información ambiental sin expresión de causa, lo cual podría ocasionar la paralización de las inversiones, además de imponer obligaciones que no deberían soportar las entidades privadas.

Laguna Cejas, Salar de Atacama, Chile
(2015 foto por RJ Peltz-Steele CC BY-NC-SA 4.0)
Chile, que había sido un actor clave en las negociaciones junto con Costa Rica, como proponente del acuerdo, citó de manera similar, entre sus muchas razones para retirar su apoyo al acuerdo, ambigüedad sobre "el tipo de información ambiental ni otros aspectos de la obligación que se impone a las 'entidades privadas' de generar y divulgar."

La importancia de la transparencia para la responsabilidad ambiental está bien establecida. El acuerdo de Escazú en sí se inició como producto de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, en 1992. El acceso a la información ha sido parte de otras iniciativas ambientales importantes, a saber, la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones, y acceso a la justicia en materia ambiental, que entró en vigor en 2001, y el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad del convenio sobre la diversidad biológica, que entró en vigor en 2003.

Incluso en los Estados Unidos, donde el acceso a la información por estatuto ha variado desde la famosa innovación en la década de 1960 hasta la infame torpeza (quiero decir "clunkiness" en inglés) de hoy, el desastre de Bhopal, y una emergencia doméstica, precipitaron leyes de transparencia en 1986 y en 1990 y dieron como resultado un registro público de emisiones tóxicas mantenido por la Agencia de Protección Ambiental.  Los Estados Unidos también requieren una transparencia sectorial limitada en el sector privado con respecto a la salud pública. En una historia reciente, On the Media informó sobre la transparencia de la investigación médica requerida por la ley federal, si bien junto con una alarmante falta de cumplimiento.

En 2018, escribí sobre una doctrina de acceso a la información en Sudáfrica empleada para obtener información suelta de corporaciones privadas sobre riesgos y daños ambientales. Gigantes agroquímicos como Monsanto, ahora parte de Bayer, intervinieron en litigio sudafricano para evitar el acceso a información sobre modificaciones genéticas patentadas.  Ciertamente, América Latina no es ajena a la explotación por parte de los agronegocios, y la transparencia, especialmente en el sector privado, es una herramienta vital para proteger la salud pública ahora en el futuro.

Países latinoamericanos han avanzado en áreas como la protección de datos y la regulación alimentaria que avergüenzan a Estados Unidos. Pero la batalla contra la corrupción es interminable. El destino del Acuerdo de Escazú lo dirá.

Thursday, February 25, 2021

Despite lack of statute, anti-SLAPP blocks mining company suit as abuse of process in South Africa

Coffee Bay is a tourist destination on the Eastern Cape.
(photo by Jon Rawlinson CC BY 2.0)
Two weeks ago, a South African court recognized an anti-SLAPP defense in the absence of a statute, as an abuse of process, in a defamation case brought by mining companies against environmentalists.

In the case, mining companies Mineral Commodities Ltd and a subsidiary, and directors, sued environmentalist lawyers and activists for defamation, seeking R14.25m, close to US$1m, or in the alternative, an apology, for defendants' accusations of ecological and economic damage caused by excavation and mining projects at Tormin Mine on the Western Cape and at Xolobeni on the Eastern Cape.

Defense lawyers argued that the suit was a strategic lawsuit against public participation, or "SLAPP" suit, calculated to silence the defendants for their criticism of the plaintiffs, rather than a bona fide claim of defamation.  South Africa has no anti-SLAPP statute.  But the High Court for the Western Cape held, with reference to the freedom of expression in the South African constitution, that the judicial power to abate vexatious litigation and abuse of civil process may be deployed to dismiss a SLAPP suit.

"[T]he interests of justice should not be compromised due to a lacuna or the lack of legislative framework," the court wrote.

The court examined the history of the SLAPP as a legal strategy and traced its origin to anti-environmentalism in Colorado and recognition in the 1988 scholarship of professors Penelope Canan and George Pring.  The court discussed anti-SLAPP legislation in the United States, Canada, and Australia, including the statutes of Georgia, Washington, and New York, and the recent enhancement of the latter.  Anti-SLAPP has been recognized as meritorious in principle by the Supreme Court of Canada, the High Court observed, though anti-SLAPP is enacted by statute in only three provinces.

The court looked also to Europe, and specifically the "McLibel" lawsuit of the 1990s (1997 documentary) and 20-aughts, in which McDonald's Corp. sued environmentalists in England.  Anti-SLAPP has been debated in the European Union, the court explained, but legislation has not been enacted.  Nevertheless, the court opined, the ultimate disposition of the McLibel case in the European Court of Human Rights (ECtHR) was consistent with the principle of anti-SLAPP.  In the McLibel case, the English courts ruled in favor of McDonald's, finding some assertions in the environmentalist leaflets to be libelous.  Subsequently, the ECtHR, in 2005, ruled that British law (well before the 2013 UK Defamation Act) had not afforded the defendants sufficient protection for the freedom of speech.  

In the McLibel case, the ECtHR stressed the chilling effect on speech of the extraordinary cost burden on individual activist-defendants in defending a civil suit against a large corporation, especially in the shadow of attorney fee-shifting to the winner, which is the norm in civil litigation in the UK and most of the world.  The High Court pointed to a South African precedent that is similar on that point, Biowatch Trust v. Registrar, Genetic Resources, in the Constitutional Court of South Africa in 2009.

I have written before about Biowatch, which was an access-to-information (ATI, freedom of information, or FOI) case.  In that case, environmentalist NGO Biowatch, under South African environmental protection and access-to-information law, sought information about Monsanto (now Bayer) genetically modified organisms introduced into national agriculture.  The result in the case was mixed, and the trial court awarded the defendant government and intervenor Monsanto their substantial legal fees against Biowatch.  Subsequently, the Constitutional Court held that Biowatch should be exempt from a fee award, because such an award against a public-interest litigant would chill the exercise of constitutional rights, which, in South Africa, include the right to a healthy environment.

The exact contours of a common law anti-SLAPP defense will have to be worked out by South African courts if the High Court precedent sticks.  The instant case was not difficult for the court to map to the SLAPP paradigm:  The tort alleged was defamation.  The conduct of the defendants was expression specifically in furtherance of environmental protection.  The mismatch between plaintiffs and defendants in wealth and power was "glaringly obvious."

The plaintiffs' demand also drew the court's skepticism.  Referencing the findings of Canan and Pring in the 1980s, the court observed: "A common feature of SLAPP suits is ... a demand for an apology as an alternative to the exorbitant monetary claim."

I reiterate my dislike of anti-SLAPP laws.  I also acknowledge that anti-SLAPP measures sometimes are warranted.  South Africa in particular, in recent decades, has seen a rise in the weaponization of defamation and related torts, especially by powerful corporations and politicians, including former President Jacob Zuma.  Americans might note a parallel in former President Donald Trump, who used defamation for leverage in business and called for plaintiff-friendly libel reform.  At the same time, defamation defendant President Trump won a nearly $300,000 award against Stormy Daniels thanks to fee-shifting under the California anti-SLAPP law.

The problem with anti-SLAPP legislation in the United States is that it does not weigh factors that the Western Cape High Court took into account, such as the relative power of the plaintiff and the defendant.  Yes, anti-SLAPP laws in the United States and Canada protect environmentalists against developers.  American anti-SLAPP laws also protect fantastically wealthy and sloppy media conglomerates against individuals whose lives are ruined by mistakes and falsities on the internet, which never forgets.  The threat of fee shifting, characteristic of anti-SLAPP legislation and usually foreign to U.S. civil litigation, is especially terrifying in light of enormous U.S. transaction costs, including the high-dollar rents of American corporate defense firms.  Anti-SLAPP laws are the darling of the professional media defense bar, and, lest the journalist's aphorism be conveniently forgotten, we might ought follow the money.

For that reason, the High Court's "abuse of process" approach is intriguing.  The court's articulation of abuse of process, as applied to Mineral Commodities, while not the sole basis of the court's holding, accords with the American common law test.  The American tort may be expressed as "(1) use of judicial process (civil or criminal), (2) ulterior or improper motive, (3) process used not for its designed or intended purposes, and (4) resulting harm."

Typically, in the American context, abuse of process is exceedingly difficult to prove, because courts are generous in accepting the plaintiff's plea of honest intentions to negate the second element.  Mineral Commodities pleaded its genuineness, but the High Court was willing to doubt, sensibly, looking at the parties and the uncontroverted facts.  Maybe a bit less judicial generosity would allow abuse of process to police SLAPP better than the corporate-friendly statutes that 30 U.S. states have embraced, and for which media corporations are now lobbying Congress.

The opinion in the High Court was delivered by Deputy Judge President of the Western Cape High Court Patricia Goliath.  Her surname was not lost on commentators (below), who played on the "David vs. Goliath" ideal of anti-SLAPP.  Curiously, DJP Goliath, who served on the Constitutional Court in 2018, is embroiled presently in turmoil within the High Court.  In 2019, she alleged she had been pressured by President Zuma for favorable assignments of cases in which he was involved.  Possibly in retaliation for not playing ball, she has been, she has alleged further, subject to gross misconduct and verbal abuse, if not worse, by High Court President John Hlophe.  JP Hlophe denies the allegations.

I am indebted, for spying the case, to attorneys for the defendants, Odette Geldenhuys and Dario Milo, of Webber Wentzel, who wrote about the case for the Sunday Times (South Africa) (subscription required) and for the INFORRM blog.

The case is Mineral Sands Resources Ltd v. Reddell, No. 7595/2017, [2021] ZAWCHC 22 (High Ct. Wn. Cape Feb. 9, 2021) (South Africa).