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Tuesday, August 31, 2021

Chile reflexiona sobre los derechos digitales en desarrollo de nueva constitución

Foto por jpereira via The Loop (c. 2019; CC no especificada)
[English.] La creación de una nueva constitución está en marcha en Chile, y los derechos digitales podrían figurar de manera importante en un nuevo modelo de derechos civiles.

Los votantes chilenos pidieron una convención constitucional en una votación de 2020. La actual constitución de 1980 fue redactada bajo la dictadura de Pinochet. Entró en vigor con el fin del régimen de Pinochet en 1990 con la transición del país a la democracia, pero su texto original y sus muchas enmiendas nunca han sido verdaderamente un producto de la democracia. En contraste, la presente convención se desarrolla con una asombrosa representación de la diversidad chilena, incluidos los pueblos indígenas, casi sin precedentes en la historia de las democracias occidentales.

Chile tiene un historial de marcar el ritmo legal para América Latina. Chile y Costa Rica fueron inusuales en la experiencia latinoamericana por no haberse convertido en una guerra civil después de la independencia. Esa estabilidad suministró un terreno fértil para el desarrollo legal. Andrés Bello elaboró el código civil del país, siguiendo el modelo francés, en 1857. El código Bello fue muy influyente en el continente y anima el derecho civil latinoamericano todavía hoy en día. Costa Rica se convirtió en un innovador en derechos humanos en el sistema interamericano en el siglo XX.

Una propuesta de línea de base en el proceso chileno exige como mínimo el acceso a internet como un derecho humano. La realización del derecho requeriría el desarrollo de la infraestructura de internet en todo el vasto país, 2,653 millas de norte a sur, abarcando desiertos y montañas. La responsabilidad del gobierno sería sustancial. No se podía dejar que el sector privado desarrollara la infraestructura de internet con los márgenes de ganancia derivados de la densidad de población, una limitación que ha atrofiado la penetración de Internet de alta velocidad en los Estados Unidos.

Pero el acceso a internet es solo un mínimo, y hay muchas otras propuestas sobre la mesa que llevarían los derechos humanos convencionales, como la libertad de expresión y la privacidad, al mundo en línea. Muchos países han reconocido aspectos de los derechos humanos convencionales en el entorno en línea. Incluso en los Estados Unidos, los tribunales han reconocido que las órdenes judiciales civiles y penales que limitan el acceso de una persona a internet pueden contravenir los derechos civiles si no se adaptan estrictamente.

La idea que el acceso a Internet para recibir información, en lugar de hablar, ha sido una propuesta precaria en los derechos humanos, de la misma manera que los regímenes modernos de derechos humanos siempre han luchado con el acceso a la información (ATI). Hace diez años, un informe del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión describió acertadamente el acceso a internet como un derecho "habilitador" ("enabler" right). En los últimos años, expliqué esta caracterización del ATI en el marco moderno de los derechos humanos.

Participantes del proceso constitucional chileno, coordinado por Patricio Urriola Aballai, director ejecutivo de la Fundación Abriendo Datos, publicaron en mayo una "Carta Magna Digital" que explora el potencial de los derechos digitales para ser reconocidos como derechos humanos.  HT @ Observacom.

Friday, May 21, 2021

Transparencia, acceso a información se imponen como normas frágiles en acuerdo ambiental de Escazú

Parque Nacional Marino Ballena, Costa Rica
(2014 foto por RJ Peltz-Steele CC BY-NC-SA 4.0)
(English.) En el Día de la Madre Tierra en abril, entró en vigor un acuerdo internacional clave sobre ambientalismo y sostenibilidad.  El acuerdo es innovador en transparencia, pero enfrenta resistencia en su implementación.

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe se adoptó en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018.  El acuerdo ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, y ratificado por 12, incluidos México y Argentina en enero.  Pero la vitalidad del acuerdo está en duda ya que algunos principales actores, incluidos Chile y Perú, han dejado en suspenso su apoyo.

El acuerdo tiene dos artículos que tratan específicamente del acceso a la información. El artículo 5 se refiere al acceso de los ciudadanos al gobierno, y el artículo 6 se refiere a la difusión afirmativa de información en manos del gobierno.  Según "el principio de máxima publicidad," el artículo 5 establece un sistema de acceso típico a la información que incluye una neutralidad de motivos, el derecho a respuesta en 30 dias, y apelar, reenvío de solicitudes en busca de información, elección de formato, limitación de costos razonables, acceso parcial a información no exenta, y el derecho a una explicación de la denegación por escrito.

La denegación de acceso debe basarse en razones establecidas en la ley de antemano y debe interpretarse estrictamente con la carga de la prueba en el gobierno. Cuando la ley no dispone lo contrario, se permite la denegación solo por riesgo para la vida o la seguridad, seguridad nacional, protección del medio ambiente o una probable amenaza de daño sustancial a las fuerzas del orden. Los supuestos intereses públicos en la denegación del acceso deben sopesarse con los beneficios públicos en la divulgación "sobre la base de elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad."  El artículo 5 también demanda la creación de un organismo de supervisión independiente.

Si el artículo 5 detalla una medida bienvenida de transparencia ambiental, ninguno es radical.  El gobierno de México reconoció que las obligaciones de transparencia eran consistentes con la ley nacional de libertad de información. Las obligaciones afirmativas del artículo 6 son más rigurosas.

El artículo 6 requiere que las autoridades públicas "generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta información y alienten la desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y local."

Una lista de información requerida para estar disponible públicamente incluye zonas contaminadas, "fuentes relativas a cambio climático," y "residuos por tipo y, cuando sea posible, desagregado por volumen, localización y año."  Además, las autoridades deben establecer "un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo," y, "en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, ... divulgar[ar] de forma inmediata y por los medios más efectivos toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños."

Sin embargo, a pesar de todas esas expectativas, el verdadero escollo político podría encontrarse al final del artículo 6.  El problema surge cuando el estado va a morder la mano que lo alimenta.  El artículo 6 insta a las partes del acuerdo a promover la transparencia ambiental en la contratación pública.  Y los dos últimos párrafos del artículo 6 establecen:

Cada Parte adoptará las medidas necesarias, a través de marcos legales y administrativos, entre otros, para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente.

Cada Parte incentivará, de acuerdo con sus capacidades, la elaboración de informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, en particular de grandes empresas, que reflejen su desempeño social y ambiental.

Si bien México consideró que el acuerdo es compatible con la ley de transparencia, según un comentario del bufete de abogados internacional Garrigues, con sede en Madrid, Perú se resiste al acuerdo específicamente porque su ley de transparencia ya funciona.  Perú también lamentó "pérdida de soberanía del Estado ... en el manejo de sus recursos naturales," si la ejecución puede ser sometida a la Corte Internacional de Justicia. Además, Garrigues explicó:

[T]ambién se sostuvo que el Acuerdo de Escazú representaría un peligro para los derechos adquiridos a través de concesiones, contratos, convenios o autorizaciones otorgadas, así como a la propiedad privada, en tanto se dispone el acceso a la información ambiental sin expresión de causa, lo cual podría ocasionar la paralización de las inversiones, además de imponer obligaciones que no deberían soportar las entidades privadas.

Laguna Cejas, Salar de Atacama, Chile
(2015 foto por RJ Peltz-Steele CC BY-NC-SA 4.0)
Chile, que había sido un actor clave en las negociaciones junto con Costa Rica, como proponente del acuerdo, citó de manera similar, entre sus muchas razones para retirar su apoyo al acuerdo, ambigüedad sobre "el tipo de información ambiental ni otros aspectos de la obligación que se impone a las 'entidades privadas' de generar y divulgar."

La importancia de la transparencia para la responsabilidad ambiental está bien establecida. El acuerdo de Escazú en sí se inició como producto de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, en 1992. El acceso a la información ha sido parte de otras iniciativas ambientales importantes, a saber, la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones, y acceso a la justicia en materia ambiental, que entró en vigor en 2001, y el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad del convenio sobre la diversidad biológica, que entró en vigor en 2003.

Incluso en los Estados Unidos, donde el acceso a la información por estatuto ha variado desde la famosa innovación en la década de 1960 hasta la infame torpeza (quiero decir "clunkiness" en inglés) de hoy, el desastre de Bhopal, y una emergencia doméstica, precipitaron leyes de transparencia en 1986 y en 1990 y dieron como resultado un registro público de emisiones tóxicas mantenido por la Agencia de Protección Ambiental.  Los Estados Unidos también requieren una transparencia sectorial limitada en el sector privado con respecto a la salud pública. En una historia reciente, On the Media informó sobre la transparencia de la investigación médica requerida por la ley federal, si bien junto con una alarmante falta de cumplimiento.

En 2018, escribí sobre una doctrina de acceso a la información en Sudáfrica empleada para obtener información suelta de corporaciones privadas sobre riesgos y daños ambientales. Gigantes agroquímicos como Monsanto, ahora parte de Bayer, intervinieron en litigio sudafricano para evitar el acceso a información sobre modificaciones genéticas patentadas.  Ciertamente, América Latina no es ajena a la explotación por parte de los agronegocios, y la transparencia, especialmente en el sector privado, es una herramienta vital para proteger la salud pública ahora en el futuro.

Países latinoamericanos han avanzado en áreas como la protección de datos y la regulación alimentaria que avergüenzan a Estados Unidos. Pero la batalla contra la corrupción es interminable. El destino del Acuerdo de Escazú lo dirá.

Wednesday, September 11, 2019

Antitrust regulators need to up their game to meet challenges of media convergence, Argentine researchers write in UNESCO paper

Published by UNESCO, a new policy paper from Argentine researchers Martín Becerra and Guillermo Mastrini warns that antitrust regulation must adapt to the convergence of media, telecommunication, and internet to remain effective and preserve people's rights.

Prof. Mastrini

Becerra is a researcher with the National Scientific and Technical Research Council (CONICET), an Argentine government agency, and holds academic appointments at the National University of Quilmes (UNQ) and the University of Buenos Aires (UBA).  Mastrini also serves on the UBA faculty.

The researchers reach the counter-intuitive conclusion that the internet's accessibility to new market entrants, and the ease with which new communication technology should facilitate the balkanization of media services, ironically has worked to concentrate property, revenue, and audience globally.  Thus the role of the regulator is more important than ever, while anachronistic regulatory approaches remain siloed in sectors of disparate expertise.

Prof. Becerra
Becerra and Mastrini rather articulate a "relevant market" approach to organize regulatory authority.  At the same time, they eschew a one-size-fits-all approach to the different problems presented by different entities, namely internet "giants," telecommunication conglomerates, and media companies.  Moreover, the researchers stress that values of access to culture, freedom of expression, and pluralism should be baked into the regulatory framework.

The report is La convergencia de medios, telecomunicaciones e internet en la perspectiva de la competencia: Hacia un enfoque multicomprensivo (my translation: The Convergence of Media, Telecommunication, and Internet from the Perspective of Competition: Toward a Multiple-Understanding Approach) and is published by UNESCO as no. 13 in the series, Discussion Notebooks on Communication and Information, ISSN no. 2301-1424 (2019).  The report is in Spanish and includes an executive summary in translation.  HT @ Observacom.


Here is the executive summary:

The converging qualities of information and communication technologies challenge classic regulatory frameworks when regulating audiovisual media activities, on the one hand, and telecommunications, on the other. The digitalization of communications causes a metamorphosis in the definitions of what each sector encompasses and the emergence of actors that provide products and services and develop businesses in convergent markets simultaneously and in increasingly vast geographical areas.

Regulatory approaches that sought to protect freedom of expression in the media, guarantee access to cultural and informational resources and sustain economic competition to avoid distortion of markets today are being reviewed in light of the new reality of progressive integration and of the growing crosscutting elements within the media, telecommunications and Internet ecosystem. In fact, there are limitations that prevent responding effectively and consistently to the problems raised with the consolidation of the digital revolution.

This policy paper provides analytical tools based on comparative law and inquires about antitrust policies and their relationship with the objective of having diverse and pluralistic communication systems that stimulate public debate in democratic societies. Therefore, it has a multi-understanding approach, since one of its objectives is to facilitate the dialogue of areas that until now have had fields of study, normative translations and institutional expressions separated from each other.

After consulting Latin American regulators in the area of defense of competition, specialists in the region in the field and presenting an updated state of the art of the debate about the relevance of economic competition approaches to seek clear answers for the new problems of a convergent environment in communications, the document makes recommendations with the aim of improving the design of public policies both in the field of information and communication services, and in those that serve economic competition, harmonizing fields and disciplines that were not conceived in an articulated way.

In this context, the policy paper is proposed as an input for public policies and a contribution to optimize the understanding of current phenomena with deep repercussions in the culture, information and communication of societies and individuals.

En español:
Las cualidades convergentes de las tecnologías de información y comunicación desafían los encuadres normativos clásicos a la hora de regular las actividades de medios audiovisuales,  por  un  lado,  y  las  de  telecomunicaciones,  por  otro  lado.  La  digitalización de las comunicaciones provoca una metamorfosis en las propias definiciones de lo que cada sector abarcaba y el surgimiento de actores que proveen productos y servicios y desarrollan negocios en los mercados convergentes de modo simultáneo y en ámbitos geográficos cada vez más vastos.

Los enfoques regulatorios que buscaron como objetivos proteger la libertad de expresión en los medios de comunicación, garantizar el acceso a los recursos culturales e informacionales y sostener la competencia económica para evitar la distorsión de los mercados hoy están siendo revisados a la luz de la nueva realidad de la progresiva integración y de los cruces cada vez mayores dentro del ecosistema de medios, telecomunicaciones  e  Internet.  En  efecto,  hay  limitaciones  que  impiden  responder  de manera eficaz y consistente los problemas suscitados con la consolidación de la revolución digital.

El presente policy paper provee herramientas de análisis basadas en el derecho comparado e indaga sobre las políticas antitrust y su relación con el objetivo de contar con sistemas de comunicación diversos y plurales que estimulen el debate público en sociedades democráticas. Por ello es multicomprensivo, dado que uno de sus objetivos es facilitar el diálogo de áreas que hasta el presente han tenido campos de estudio, traducciones normativas y expresiones institucionales separadas entre sí.

Tras consultar a reguladores latinoamericanos del área de defensa de la competencia, a especialistas de la región en la materia y exponer un actualizado estado del arte del debate académico y de divulgación acerca de la pertinencia de los enfoques de competencia económica para satisfacer con respuestas claras los nuevos problemas propios  de  un  entorno  convergente  en  las  comunicaciones,  el  documento  formula  recomendaciones con el objetivo de mejorar el diseño de las políticas públicas tanto en el campo de los servicios de información y comunicación, como en el de las que atienden  a  la  competencia  económica,  armonizando  campos  y  disciplinas  que  no  fueron concebidos de modo articulado.
En este sentido, el policy paper se propone como un insumo de políticas públicas y una contribución para optimizar la comprensión de fenómenos actuales con hondas repercusiones en la cultura, la información y la comunicación de las sociedades y las personas.

Friday, August 16, 2019

LatAm NGOs propose model of internet platform self‑regulation consistent with human rights

NGOs working on the project, from the report.
Now published online and open for comment are "Contributions for the Democratic Regulation of Big Platforms to Ensure Freedom of Expression Online," a potentially powerful document developed by a coalition of Latin American non-governmental organizations.  Here is the abstract:
This document offers recommendations on specific principles, standards and measures designed to establish forms of public co-regulation and public regulation that limit the power of major Internet platforms (such as social networks and search engines).
The purpose of this effort is to protect users' freedom of expression and guarantee a free and open Internet. Such intermediaries increasingly intervene in online content, through the adoption of terms of service and the application of business moderation policies. Such forms of private regulation affect public spaces which are vital for democratic deliberation and the exercise of fundamental rights.
The proposal seeks to align with international human rights standards and takes into account existing asymmetries related to large internet platforms without limiting innovation, competition or start-up development by small businesses or community, educational or nonprofit initiatives.
The proposal seeks to create a self-regulatory framework that will avert public regulation of the internet.  Needless to say, that will involve the voluntary collaboration of the major players, Facebook, Google, Twitter, et al.  From what I saw of their recent participation in RightsCon in Tunisia, they are game.

I'm all for seeing where the self-regulatory approach takes us, but I worry about two problems.  First, I'm not sure how long the big players will be willing to spend money on social responsibility while unscrupulous competitors bypass self-regulation and continue to reach audience across the technologically egalitarian internet.  Second, as Facebook talks about setting up its own judicial system, I worry about whether we're creating corporate nation-states that will censor anti-majoritarian expression, e.g., perceived "hate speech," with the blessing of NGOs that purport to uphold human rights.  But one step at a time....

Here via Observacom are links to the report in español, português, and English.