Showing posts with label Monsanto. Show all posts
Showing posts with label Monsanto. Show all posts

Friday, May 21, 2021

Transparencia, acceso a información se imponen como normas frágiles en acuerdo ambiental de Escazú

Parque Nacional Marino Ballena, Costa Rica
(2014 foto por RJ Peltz-Steele CC BY-NC-SA 4.0)
(English.) En el Día de la Madre Tierra en abril, entró en vigor un acuerdo internacional clave sobre ambientalismo y sostenibilidad.  El acuerdo es innovador en transparencia, pero enfrenta resistencia en su implementación.

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe se adoptó en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018.  El acuerdo ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, y ratificado por 12, incluidos México y Argentina en enero.  Pero la vitalidad del acuerdo está en duda ya que algunos principales actores, incluidos Chile y Perú, han dejado en suspenso su apoyo.

El acuerdo tiene dos artículos que tratan específicamente del acceso a la información. El artículo 5 se refiere al acceso de los ciudadanos al gobierno, y el artículo 6 se refiere a la difusión afirmativa de información en manos del gobierno.  Según "el principio de máxima publicidad," el artículo 5 establece un sistema de acceso típico a la información que incluye una neutralidad de motivos, el derecho a respuesta en 30 dias, y apelar, reenvío de solicitudes en busca de información, elección de formato, limitación de costos razonables, acceso parcial a información no exenta, y el derecho a una explicación de la denegación por escrito.

La denegación de acceso debe basarse en razones establecidas en la ley de antemano y debe interpretarse estrictamente con la carga de la prueba en el gobierno. Cuando la ley no dispone lo contrario, se permite la denegación solo por riesgo para la vida o la seguridad, seguridad nacional, protección del medio ambiente o una probable amenaza de daño sustancial a las fuerzas del orden. Los supuestos intereses públicos en la denegación del acceso deben sopesarse con los beneficios públicos en la divulgación "sobre la base de elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad."  El artículo 5 también demanda la creación de un organismo de supervisión independiente.

Si el artículo 5 detalla una medida bienvenida de transparencia ambiental, ninguno es radical.  El gobierno de México reconoció que las obligaciones de transparencia eran consistentes con la ley nacional de libertad de información. Las obligaciones afirmativas del artículo 6 son más rigurosas.

El artículo 6 requiere que las autoridades públicas "generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta información y alienten la desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y local."

Una lista de información requerida para estar disponible públicamente incluye zonas contaminadas, "fuentes relativas a cambio climático," y "residuos por tipo y, cuando sea posible, desagregado por volumen, localización y año."  Además, las autoridades deben establecer "un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo," y, "en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, ... divulgar[ar] de forma inmediata y por los medios más efectivos toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños."

Sin embargo, a pesar de todas esas expectativas, el verdadero escollo político podría encontrarse al final del artículo 6.  El problema surge cuando el estado va a morder la mano que lo alimenta.  El artículo 6 insta a las partes del acuerdo a promover la transparencia ambiental en la contratación pública.  Y los dos últimos párrafos del artículo 6 establecen:

Cada Parte adoptará las medidas necesarias, a través de marcos legales y administrativos, entre otros, para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente.

Cada Parte incentivará, de acuerdo con sus capacidades, la elaboración de informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, en particular de grandes empresas, que reflejen su desempeño social y ambiental.

Si bien México consideró que el acuerdo es compatible con la ley de transparencia, según un comentario del bufete de abogados internacional Garrigues, con sede en Madrid, Perú se resiste al acuerdo específicamente porque su ley de transparencia ya funciona.  Perú también lamentó "pérdida de soberanía del Estado ... en el manejo de sus recursos naturales," si la ejecución puede ser sometida a la Corte Internacional de Justicia. Además, Garrigues explicó:

[T]ambién se sostuvo que el Acuerdo de Escazú representaría un peligro para los derechos adquiridos a través de concesiones, contratos, convenios o autorizaciones otorgadas, así como a la propiedad privada, en tanto se dispone el acceso a la información ambiental sin expresión de causa, lo cual podría ocasionar la paralización de las inversiones, además de imponer obligaciones que no deberían soportar las entidades privadas.

Laguna Cejas, Salar de Atacama, Chile
(2015 foto por RJ Peltz-Steele CC BY-NC-SA 4.0)
Chile, que había sido un actor clave en las negociaciones junto con Costa Rica, como proponente del acuerdo, citó de manera similar, entre sus muchas razones para retirar su apoyo al acuerdo, ambigüedad sobre "el tipo de información ambiental ni otros aspectos de la obligación que se impone a las 'entidades privadas' de generar y divulgar."

La importancia de la transparencia para la responsabilidad ambiental está bien establecida. El acuerdo de Escazú en sí se inició como producto de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, en 1992. El acceso a la información ha sido parte de otras iniciativas ambientales importantes, a saber, la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones, y acceso a la justicia en materia ambiental, que entró en vigor en 2001, y el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad del convenio sobre la diversidad biológica, que entró en vigor en 2003.

Incluso en los Estados Unidos, donde el acceso a la información por estatuto ha variado desde la famosa innovación en la década de 1960 hasta la infame torpeza (quiero decir "clunkiness" en inglés) de hoy, el desastre de Bhopal, y una emergencia doméstica, precipitaron leyes de transparencia en 1986 y en 1990 y dieron como resultado un registro público de emisiones tóxicas mantenido por la Agencia de Protección Ambiental.  Los Estados Unidos también requieren una transparencia sectorial limitada en el sector privado con respecto a la salud pública. En una historia reciente, On the Media informó sobre la transparencia de la investigación médica requerida por la ley federal, si bien junto con una alarmante falta de cumplimiento.

En 2018, escribí sobre una doctrina de acceso a la información en Sudáfrica empleada para obtener información suelta de corporaciones privadas sobre riesgos y daños ambientales. Gigantes agroquímicos como Monsanto, ahora parte de Bayer, intervinieron en litigio sudafricano para evitar el acceso a información sobre modificaciones genéticas patentadas.  Ciertamente, América Latina no es ajena a la explotación por parte de los agronegocios, y la transparencia, especialmente en el sector privado, es una herramienta vital para proteger la salud pública ahora en el futuro.

Países latinoamericanos han avanzado en áreas como la protección de datos y la regulación alimentaria que avergüenzan a Estados Unidos. Pero la batalla contra la corrupción es interminable. El destino del Acuerdo de Escazú lo dirá.

Friday, March 22, 2019

Roundup and other stories: Monsanto, Sandy Hook, Aaron Hernandez, Monica Lewinsky, Summer Zervos, and One Montana Statute

A number of stories have broken in the last couple weeks that, ordinarily, I would like to write about on this blog.  I've been traveling a good deal and unable to keep up, so here's a short, uh, roundup.  Hat tip to my Torts II class, which is ever vigilant.



Strict product liability—Roundup.  In phase one of a bifurcated trial proceeding, plaintiff Edward Hardeman succeeded in causally tracing his cancer to glyphosate, the active ingredient in Roundup herbicide.  (NYT, Mar. 19.)  Bayer, which purchased Roundup maker Monsanto, saw its stock price tumble on the German exchange, Fortune reported.  This finding follows the notorious $289m award (later reduced to $78m) entered in favor of Dewayne Johnson against Monsanto in California state court in August 2018 (Phys.org), now on appeal (Justice Pesticides).  Recap is tracking Hardeman v. Monsanto, 3:16-cv-00525, in federal court in the Northern District of California.





Gun liability—Sandy Hook.  The Connecticut Supreme Court issued its long awaited ruling in the Sandy Hook families' case against gun maker Remington, allowing the case to go forward on one theory of Connecticut consumer protection law.  (NYT, Mar. 14.)  The court delivered 4-3 upon the dubious conclusion that the U.S. Congress, in immunizing gun makers from liability upon a host of tort theories, did not mean to preempt remedies under state consumer protection statutes such as the Connecticut Unfair Trade Practices Act.  The dissent was unpersuaded.  Meanwhile many a pundit had commented on the gun regulatory response pending in New Zealand since the Christchurch attack, marking the contrast with U.S. legislative paralysis amid shootings here.  The case is Soto v. Bushmaster Firearms International, LLC, No. SC-19832.



Wrongful death, collateral estoppel—Aaron Hernandez.  The Massachusetts Supreme Judicial Court reinstated the conviction of former NFL player Aaron Hernandez in the June 2013 murder of Odin Lloyd.  Lower courts had thrown out the conviction after Hernandez hanged himself in prison in 2017.  Massachusetts law appeared to require that the conviction be vacated upon the common law doctrine of "abatement ab initio," because the defense appeal was not resolved when the defendant died.  Instead the Massachusetts high court held that the doctrine is antiquated, and the record should read "neither affirmed nor reversed."  In the case of Lloyd, the victim's mother had settled her civil claim.  But the Court recognized 
the potential impact abatement ab initio can have on collateral matters, including undermining the potential application of issue preclusion....  There are a host of potential other interests than can be affected by the outcome of that prosecution and, although we must be mindful not to let any one of those other interests override a defendant's rights, they are worthy of recognition when considering the best approach to follow when a defendant dies during the pendency of a direct appeal.
The case is Commonwealth v. Hernandez, No. SJC-12501 (Mass. Mar. 13, 2019).



Invasion of privacy, infliction of emotional distress—Monica Lewinsky.  John Oliver did a brilliant segment on, and interview with, Monica Lewinsky on his Last Week Tonight.  Looking back at comedians' crass jokes in the 1990s—Oliver includes himself, but it's Jay Leno who is cringeworthy—makes one uncomfortably aware of how far #MeToo has evolved our perception of power dynamics in the workplace.  The sum of the experience is newfound empathy and more than a little angst over online bullying. I now follow Lewinsky on Twitter, as she's a more effective anti-bullying spokesperson than Melania Trump.




Defamation, Supremacy Clause—Summer Zervos. The Appellate Division of the New York Supreme Court ruled that Summer Zervos's defamation suit against President Trump may go forward despite the President's constitutional objections.  Zervos alleges that Trump defamed her through his spiteful attacks on her credibility over claims of his sexual misconduct after she was a contestant on The Apprentice.  In Clinton v. Jones style, the President sought to have a stay in the action until his White House service concludes.  The U.S. Supreme Court rejected that claim in Clinton, ruling that the lower court could manage the case with deference to the demands of the presidency—a conclusion, incidentally, that might have been proved erroneous in light of subsequent events.  Anyway President Trump tweaked the tack, arguing that because this case arises in state law in state court, vertical federalism, as expressed in the Supremacy Clause, should not permit the arguably untenable subservience of a sitting President to the supervisory authority of the state court.  The Appellate Division concluded 3-2 that the problem can be managed; as in the past, for example, a President might testify via video.  Some court orders might violate supremacy, the court explained, such as a contempt ruling, but that mere possibility does not warrant stay of the action in its entirety.  The Appellate Division also ruled that the charge essentially of "liar" is not mere rhetorical hyperbole, but is capable of defamatory meaning.  The case is Zervos v. Trump, No. 150522/2017 (N.Y. App. Div. Mar. 14, 2019).



Criminal libel, First Amendment—Montana statute.  The U.S. District Court for the District of Montana struck down the state's criminal libel statute for want of an actual-malice-as-to-falsity standard of fault.  The case arose from an ugly dispute in election of a county district judge.  The statute came close to the actual malice standard, requiring knowledge of a statement's defamatory character, but making no mention of recklessness.  The federal court acknowledged that the state high court had read First Amendment standards into other state statutes.  But the criminal libel law had been applied without modification.  Moreover, although the law originated from 1962, before New York Times v. Sullivan and Garrison v. Louisiana in 1964, the legislature had amended the statute more than once, in fact once amending it to ensure truth as a defense, so had passed up chances to bring the statute into full constitutional conformity.  Recap is tracking Myers v. Fulbright, No. 9:17-cv-00059-DWM-JCL (D. Mont. Mar. 18, 2019).  Professor Eugene Volokh wrote about the case for Reason.